Oscar Guisoni
Página/12
Ayer se escribió un nuevo capítulo en las tumultuosas relaciones entre el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y los separatistas vascos, cuando el líder de Herri Batasuna, brazo político de ETA, Arnaldo Otegi fue detenido por la Guardia Civil a primeras horas de la tarde. El máximo referente de los independentistas debía presentarse ante la Audiencia Nacional de Madrid ya que se celebraba un juicio en su contra por haber cometido apología del terrorismo en un acto de homenaje a la militante etarra fallecida Olaia Castresana. Otegi alegó que no podía hacerse presente porque se hallaba bloqueado por el temporal de nieve que sacude al norte del país. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron en la casa de su pueblo natal Elgoibar, en la provincia vasca de Guipúzcoa y lo trasladaron en un avión militar a Madrid. Pero al llegar a la sede del poder judicial lo aguardaba una sorpresa: la fiscalía retiró la acusación y el dirigente vasco quedó inmediatamente absuelto, ya que no se había constituido ninguna acusación particular.
El episodio adquiere una especial relevancia política ya que las decisiones de la fiscalía suelen estar profundamente vinculadas a los intereses del gobierno de turno, aunque mantienen siempre un barniz de imparcialidad. Este gesto judicial y político se produce en un momento clave, cuando apenas faltan dos semanas para que venza el plazo de inscripción de las listas electorales que participarán en las próximas elecciones municipales y regionales que se celebrarán presumiblemente a finales de mayo.
Herri Batasuna tiene prohibida su participación en las elecciones luego de que el gobierno de José María Aznar reformara la ley de partidos políticos con el objetivo de excluir las fuerzas que justifican la lucha armada. Esta legislación fue fruto del último pacto antiterrorista celebrado entre el Partido Popular, en ese entonces en el gobierno y el PSOE en la oposición. En una entrevista publicada el pasado domingo por el diario El País, el nuevo ministro de justicia de la administración Zapatero, Mariano Fernández Bermejo, anticipó que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar la participación de los independentistas en los comicios si antes no condenaban explícitamente la violencia.
Después de esa advertencia Otegi movió ficha y en declaraciones a Catalunya Radio consideró que era “un error” plantearse la construcción de un estado vasco independiente desde la lucha armada, un gesto que el gobierno consideró insuficiente. “No pueden hablar de errores cuando se trata de muertos” le replicó Fernández Bermejo.
Batasuna intentó, mientras tanto, pactar con los partidos nacionalistas vascos un modo de participación en las elecciones, pero el acuerdo se frustró cuando desde el PNV le dijeron que sin condena de la violencia, nada. Ayer, según fuentes socialistas y nacionalistas, se supo que los independentistas recurrirán a las agrupaciones vecinales para tratar de saltarse la estricta ley de partidos, renunciando de ese modo a defender la marca electoral de HB, cargada de simbolismo histórico.
Por detrás de esta lucha política se está desarrollando a su vez una durísima batalla judicial que añade complejidad a una situación ya de por sí bastante envenenada. Durante la pasada semana trascendió a la prensa que el sector más conservador de los jueces habría manipulado la composición de la sala del Tribunal Supremo que deberá juzgar a la plana mayor de Batasuna en otro de los tantos juicios pendientes que tienen sobre sus espaldas los independentistas. La situación es tan grave que el Fernández Bermejo ordenó una investigación minuciosa del caso alegando que “no nos podemos permitir el lujo de que la Sala esté bajo sospecha”. Y es que el Partido Popular aprovecha de la mayoría de jueces conservadores que supo nombrar en tiempos en los que gozaba de la mayoría absoluta en el parlamento, para sembrar de obstáculos el camino del gobierno hacia una solución negociada del conflicto vasco. Por si fuera poco, el PP también ha bloqueado el nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo General del Poder Judicial, el organismo que designa a los magistrados, un órgano que todavía refleja la relación de fuerzas que existía antes de las elecciones que encumbraron a Zapatero en el poder. El PP exige que se le otorgue una minoría de bloqueo de 9 miembros sobre 20, algo a lo que el PSOE se opone alegando que no representa el porcentaje de votos que la derecha obtuvo en los últimos comicios.
