Oscar Guisoni
Se quejan los periodistas, reclaman los medios, es tema de la prensa internacional. No hay dudas de que la libertad de prensa está bajo acoso en Sudamérica. El único inconveniente, en medio de tanto ruido mediático, es separar la paja del trigo. La polarización política que se vive en algunos países de la región, la densidad de los intereses en juego y la manipulación que en muchos casos de hace de la información hacen que resulte difícil esbozar un panorama claro sobre lo que está ocurriendo. Aún así, vale la pena intentarlo al menos con los cuatro casos donde más alto es el conflicto. Y para ello, nada mejor que comenzar por el país que ha hecho que se enciendan todas las alarmas y al que muchos sindican como el epicentro del problema.
VENEZUELA
Cuando llegó al gobierno en 1.999 Hugo Chávez mantuvo una corta luna de miel con los medios de comunicación. Pero el idilio acabó pronto y se volvió franca hostilidad luego del golpe de estado de abril de 2.002. En el brillante documental “Chávez, inside the coup” (“La revolución no será transmitida”) dirigido por Kim Bartley y Donnacha O’Briain y producido por el prestigioso Channel Four de Londres, se presta especial atención al rol protagónico que jugaron la mayoría de las televisiones privadas a la hora de crear un clima favorable al golpe. Por la mañana un grupo de tertulianos insinúa que Chávez siente un amor homosexual por Fidel Castro, a media tarde un psiquiatra describe por qué el presidente es un insano mental, en el noticiero del mediodía el presentador le pregunta abiertamente a los militares por qué no salen de los cuarteles. Por la noche la misma cadena se queja de la falta de libertad de expresión. A la mañana siguiente del golpe otro grupo de tertulianos agradece a las televisiones más agresivas su labor. “Sin ustedes esto (por el golpe) no hubiera sido posible”. Y cuentan sin complejos cómo se armó la conspiración mediática.
El fracaso del golpe trajo consigo un endurecimiento de la política del gobierno de Chávez hacia los medios, cuyo episodio más significativo fue la negativa a renovarle la licencia a RCTV (Radio Caracas Televisión) en mayo de 2.007. La cadena emite ahora por cable desde su sede en Miami. Mientras la posta opositora la tomaba Globovisión, ya que “Venevisión, propiedad de la familia Cisneros y Televen han ablandado su línea informativa y se han enfocado en el entretenimiento” explica el periodista venezolano Rodolfo Rico entrevistado por Milenio.
Pero el chavismo terminó por confundir el árbol con el bosque y en su intento de protegerse de las agresiones desmedidas de se abocó a reformar las leyes que regulan los medios de comunicación, abriendo la puerta a una restricción de la libertad de prensa. De esa ofensiva es fruto la llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida popularmente como Ley Resorte) aprobada el 7 de diciembre de 2.004. Además de establecer un porcentaje de programación nacional obligatorio y una farragosa descripción de los tipos de programa que se pueden o no emitir a determinadas horas en base a su contenido de violencia y sexo, lo que llevó a situaciones absurdas como prohibir Los Simpson en 2.008 y la suspensión de la emisión de la serie Padre de Familia hace apenas unos días por incitar supuestamente al consumo de marihuana, la ley está repleta de disposiciones que prohíben incitar “al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente” y algunas tan insólitas como la de difundir “mensajes secretos o privados utilizando códigos de signos convenidos”. La ley exige también que se difundan los mensajes del estado en cadena nacional. El principal problema, afirma Rodolfo Rico es que la “institución encargada del cumplimiento de la ley está concebida de tal manera que tiene en su mayoría miembros del gobierno o favorables a el.”
No contento con la elaboración de ese pastiche que es la Ley Resorte, el gobierno de Hugo Chávez pretendió avanzar en la redacción de una Ley de Delitos Mediáticos que abría la puerta a un juicio penal a periodistas y medios que no difundieran “noticias veraces”. La resistencia del sector unida a la fuerte presión internacional llevó al gobierno a retirar el proyecto, aunque algunos de los apartados de la reciente Ley de Educación volvieron a encender todas las luces rojas, como es el caso del numeral transitorio 12 que obliga a los medios “a prestar su cooperación a la tarea educativa” ajustando “la programación para el logro de los fines y los objetivos consagrados en la Constitución”. Detrás del florido lenguaje no hace falta demasiada perspicacia para descubrir las garras del censor.
En su cabalgata desbocada hacia el control de la información, el gobierno de Chávez ha usado todos los artilugios posibles. Eliminó la publicidad estatal de los medios críticos, amplió la oferta mediática del estado – “el Estado venezolano tiene bajo su control: TVES, VTV, VIVE, ANTV (canal del parlamento), Radio Nacional, YVKE Mundial (radio anteriormente de carácter privado)” explica Rodolfo Rico – y en los últimos meses se abocó a cerrar radios críticas con la excusa de que sus licencias habían caducado o no tenían sus papeles en regla. Los profesionales también se quejan de que “el ataque a los medios se suele convertir en ataque a los periodistas” recuerda Rico, como sucedió el pasado 3 de septiembre con el periodista Eligio Rojas del diario Últimas Noticias que fue sometido a un interrogatorio de casi siete horas por la Fiscalía Militar, un hecho que fue denunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.
COLOMBIA
Pero si Venezuela acapara todas las portadas, la vecina Colombia se lleva todos los laureles a la hora de elaborar un ranking continental. El pormenorizado informe de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre el estado de la situación en 2.008 no deja lugar a dudas. El organismo, que cuenta con el apoyo de Reporteros sin Fronteras, la Embajada Británica y el National Endowmen for Democracy, refiere 130 violaciones a la libertad de prensa durante el pasado año, y hasta festeja que hayan disminuido las agresiones un 20 por ciento con respecto al año 2.006, cuando se registraron la friolera de 162 ataques. Más adelante, el informe sigue mostrando un moderado optimismo por el hecho que durante 2.008 “no se presentaron asesinatos de periodistas por razones de oficio”, un dato “para destacar en un país como Colombia en el que más de 130 periodistas fueron asesinados en los últimos treinta años”. Son los dos únicos datos optimistas en todo el informe.
Se podría pensar que estamos ante una situación relativamente normal en un país “en guerra”, un argumento que muchas veces utilizan los que quieren disculpar a Colombia por esta anomalía. Pero un examen minucioso del informe deja al descubierto que las violaciones a la libertad de prensa poco tienen que ver con el conflicto que afecta al país. Los grupos paramilitares y la guerrilla de las FARC son responsables apenas del 10 y el 11 por ciento de las agresiones respectivamente. El grueso de los ataques procede del propio estado, siendo los funcionarios públicos responsables del 17 por ciento, las fuerzas del orden un 14 por ciento, los políticos un 2 por ciento y los particulares son responsables de 12 por ciento de las violaciones, mientras que un 33 por ciento de los ataques la Fundación prefiere agruparlos como procedentes de “desconocidos” para “evitar falsas especulaciones”.
“La amenaza sigue siendo la forma más frecuente para coartar la labor de los periodistas” continúa el informe, señalando que sólo durante 2.008 doce profesionales tuvieron que abandonar “su región por cuenta de estas amenazas” mientras que otros dos partieron al exilio. Para dejar en claro hasta dónde es responsable el propio estado de esta situación, el informe concluye que la disminución de los ataques durante 2.008 se debe a que éste no fue un año electoral y acusa también a la administración pública por utilizar descaradamente la distribución de los fondos de publicidad oficial para castigar a los medios críticos con el gobierno de Álvaro Uribe. Esta forma velada de favorecer a los amigos y ahogar financieramente a los díscolos es una práctica común en casi toda la región.
Para evitar las críticas el estado colombiano ha puesto en funciones un Programa de Protección al Periodista implementado por el Ministerio del Interior. Pero en la práctica la efectividad de la medida es mínima. Según el informe de la FLP el 82 por ciento de esas medidas “fueron preventivas pero no se hicieron efectivas” y la Corte Constitucional emitió un fallo en un caso de una periodista que presentó una demanda de protección contra el propio Ministerio del Interior en el que recuerda que “la protección al periodista no puede afectar la libertad de expresión”.
BOLIVIA
A poco de asumir su mandato como presidente de Bolivia Evo Morales señaló a “los propietarios de algunos medios de comunicación” como sus principales “enemigos políticos”. La frase fue considerada como una declaración de guerra por algunos medios y sembró la desconfianza entre los periodistas, que son los que en última instancia se encuentran cara a cara con el gobierno todos los días. “Esto ha dado pie para que sectores afines al gobierno consideren que esa es la luz verde para poder arrinconar a los medios” afirma Carlos Morales, jefe de redacción del diario La Prensa de La Paz, entrevistado por Milenio.
Pero aunque muchos emparentan al gobierno de Evo Morales con el de Hugo Chávez como si estuvieran cortados por la misma tijera, la situación boliviana dista mucho de parecerse a la venezolana. Si algo los une, en principio, es la guerra encarnizada que algunos medios privados, como es el caso de la cadena televisa Unitel en Bolivia, han emprendido contra ambos mandatarios. Aunque al igual que Chávez, Morales pretendió introducir en la reforma de la Constitución “un par de proyectos que fueron considerados por los periodistas como atentatorio contra la libertad” explica Carlos Morales. Ante la presión, los proyectos se retiraron y la nueva Carta Magna “apunta a una autorregulación del sector” sostiene el jefe de redacción de La Prensa, quien sin embargo recuerda que “la Asociación Nacional de la Prensa declaró el año 2.008 como el más preocupante para la libertad de expresión” debido a las múltiples agresiones que han sufrido periodistas en cobertura pertenecientes a medios críticos.
Al propio Carlos Morales le tocó afrontar el más sonado de esos episodios cuando el diario La Prensa denunció un caso de contrabando en el se sospechaba la participación del presidente. La noticia fue publicada en portada el 9 de diciembre de 2.008 y provocó una reacción desmesurada del gobierno. Mientras voces anónimas amenazaban de muerte al jefe de redacción del periódico y a otros profesionales, Evo llamó al periodista que había firmado el artículo a que subiera al estrado desde el que estaba hablando para que le demostrara dónde estaba escrito que él había dado “luz verde a los contrabandistas” como afirmaba el título del artículo. “Es el presidente, no puede reaccionar así” afirma Carlos Morales. El gobierno cometió otro error de bulto al iniciarle juicio penal al periódico por la publicación de la noticia, aunque luego retiró la acusación del ámbito de la justicia y el tema quedó en manos del Tribunal de Imprenta, el órgano que la ley boliviana establece para dirimir estos casos. El episodio no ha terminado de dar sus últimos coletazos, ya que el Tribunal aún no se ha pronunciado, pero sirve para ilustrar el clima de tensión que existe entre los medios y el gobierno. El jefe de redacción de La Prensa reconoce que “algunos medios de comunicación tienen con este gobierno posiciones más políticas de confrontación, como es el caso de algunos canales de televisión, pero de ahí a considerar que todo el bloque de medios y periodistas son enemigos políticos me parece que es sumamente peligroso”. Carlos Morales terminó denunciando este caso ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en Washington y el episodio motivó la visita de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al país.
Desde el gobierno de Evo Morales se argumenta que los medios han emprendido una guerra a cara descubierta contra la administración del Movimiento al Socialismo y señalan como causa de su enfado la decisión de potenciar los medios de comunicación del estado (el gobierno ha puesto en pie recientemente un periódico estatal y ha potenciado la TV pública) al tiempo que resaltan que no se ha clausurado ni negado derechos de emisión a ninguna cadena televisiva, y minimizan los episodios de violencia registrados en los últimos tiempos contra periodistas que estaban cumpliendo con su labor, como es el caso de los trabajadores de la red Unitel que fueron tiroteados por fuerzas de seguridad en el desarrollo de una cobertura el pasado agosto.
ARGENTINA
Si en Bolivia el conflicto es solapado en Argentina es una guerra abierta. El gobierno de Cristina Kirchner no tuvo ni siquiera una corta luna de miel con los medios. A pocos meses de asumir en diciembre de 2.007 la mandataria envió un proyecto al parlamento para subir los impuestos a la exportación de soja, la principal fuente de riqueza del país. Los grandes medios de comunicación, con el grupo Clarín a la cabeza - con fuertes intereses en el sector agropecuario -, comenzaron a torpedear al gobierno. La presión fue tanta que sectores afines a la administración Kirchner terminaron abandonando el barco y la medida naufragó en el parlamento.
Un año más tarde, en una operación que estos mismos medios vieron como una venganza, Cristina Kirchner envió al Congreso una propuesta para modificar la Ley que rige la actividad del sector. Mientras que la legislación vigente era una herencia de la dictadura militar (1.976-1.983), la nueva propuesta, según explica a Milenio el periodista Horacio Verbitsky, presidente del prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales “esta basada en los 21 puntos elaborados por la Coalición para una Comunicación Democrática que reúne a unas 300 organizaciones de la sociedad civil que trabajaron durante años en su elaboración”.
De poco sirvieron esos argumentos democráticos para los grandes grupos multimedios, que no tardaron en poner el grito en el cielo acusando al gobierno de querer elaborar una “ley mordaza” para controlar la información. El principal punto del conflicto: la limitación que la nueva ley impone a la existencia de monopolios que controlen sectores claves del mercado. Con la nueva normativa, finalmente aprobada por un amplio espectro parlamentario, los propietarios de un canal de TV abierta no podrán operar en el sector de la TV por cable, un medida que pega en el corazón de uno de los negocios más lucrativos del Grupo Clarín, propietario de Canal 13 y que controla cerca del 90 por ciento del mercado de TV por cable. La nueva ley impide también tener más de 10 licencias de radios, una medida que sólo afecta a un pequeño grupo de multimedias, entre los que también se encuentra Clarín y el grupo español Prisa, editor del diario El País al tiempo que favorece la concesión de licencias a ONGs y asociaciones sin fines de lucro. Otra de las medidas polémicas establece una cuota mínima de producción nacional.
Mientras una parte importante de los medios menos concentrados apoyaba la promulgación de la nueva ley, los grandes grupos alegaban que el estado tendría ahora el control de la comunicación por el diseño que se escogió para la autoridad de aplicación de la normal legal. “El modelo de la autoridad es parecido al de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU” afirma Verbitsky mientras que en la Ley anterior de “la dictadura estaba integrado por las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia”, una anomalía que se había subsanado por decreto presidencial con el retorno de la democracia.
Para terminar de despejar las dudas Cristina Kirchner decidió acompañar este proyecto con otra medida de gran calado que es “el envío al Congreso del proyecto de despenalización del delito de calumnias e injurias en caso de interés público que es una vieja aspiración de todas las organizaciones de Derechos Humanos” concluye el presidente del CELS. Si se aprueba esta modificación, Argentina se convertirá en uno de los pocos países latinoamericanos en los que dejará de existir esta figura penal, auténtica espada de Damocles que pende sobre los profesionales de la prensa en la mayor parte del continente.
Publicado en Milenio Semanal, México.
